La casa donde fue detenido está ubicada en la calle de Cráter de Jardines del Pedregal, con acabados de lujos, pantallas gigantes y alberca. En la casa había propaganda del partido político Somos. Sociedad en Movimiento.
Vásquez tenía influencia política en diversos círculos del gobierno capitalino y el PRD, incluso para imponer candidatos.
Estuvo cerca de la campaña política de Alejandra Barrales a la Jefatura de Gobierno, junto con el grupo político de Movimiento Ciudadano, que envió Enrique Alfaro a la ciudad de México.
Logró nombrar a candidatos como Juan Ayala, ex líder del Sindicato Único del Gobierno de la Ciudad, y al ex dirigente sindical de Bomberos, Ismael Figueroa. Ninguno ganó.
Incluso, Ayala y Figueroa también son investigados por uso de recursos públicos y venta de plazas.
Su peso político le valió lograr colarse como Jefe del Gabinete cuando José Ramón Amieva fue Jefe de Gobierno suplente, aun con su oposición.
Es esposo de la diputada local Paula Andrea Castillo Mendieta.
Con todo y sus diferencias, Vázquez influía en el entorno del ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los hermanos Serna y Héctor Serrano.
- Aquí el comunicado de prensa emitido por la Procuraduría capitalina
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pusieron a disposición de un juez de control a Miguel “N”, luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal de la Ciudad de México.
Lo anterior, luego de que trabajos de gabinete y campo llevados a cabo por elementos de la PDI permitieron a la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos solicitar y obtener de un juez, una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.
Al cumplimentarla en la madrugada de este jueves, agentes de investigación de esta fiscalía aprehendieron a Miguel “N”, quien contaba con un mandamiento judicial vigente y fue detenido sin uso de la fuerza con pleno respeto a sus derechos humanos.
El probable responsable fue trasladado para la certificación médica correspondiente y su posterior internamiento al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En las próximas horas, el juez de control que lo requirió determinará la situación jurídica del hoy detenido.
Es importante mencionar que el pasado fin de semana, la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad informó de la vinculación a proceso de otras dos personas, un hombre y una mujer, luego de que el Ministerio Público aportó los datos de prueba que permitieron que un juez de control así lo determinara, al considerarlos probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos.
Ambos fueron aprehendidos, de igual manera, por Policía de Investigación. Durante la audiencia, el juzgador calificó como legal el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y les impuso a los imputados la prisión preventiva justificada, como medida cautelar. El juez, además, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Asimismo, el pasado martes también se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó datos de prueba para que un juez de control vinculara a proceso a un hombre, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos.
Durante la audiencia, el juzgador le impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Esta persona fue detenida en diciembre de 2019 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, por lo que se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Con base en las indagatorias, se pudo establecer que estos cuatro ex servidores públicos, en abril de 2016, fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), uno de ellos como presidente suplente, y posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (Ciudad de México) por más de 293 millones pesos.
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