Va Mena por treta legislativa para evitar cuentas pendientes de su administración

Por Mariano Ortíz

Para retirarse de la gubernatura sin ningún pendiente, el Gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, pretende que la actual legislatura le apruebe la cuenta pública los últimos ocho meses del presente año de administración, a pesar de que la fiscalización debe ser anual.

En virtud de que posteriormente podrían descubrirse desvíos de recursos públicos que hoy están siendo inyectados a la campaña de su correligionaria priista, Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de “Unidos por Tlaxcala” a la primera magistratura de la entidad, el jefe del ejecutivo local presiona para que sus cuentas públicas queden aprobadas.

Como lo consignó un medio de comunicación nacional, Mena Rodríguez intenta mediante una reforma constitucional local, que él y otros funcionarios queden libres de observaciones, particularmente entre los más cercanos a él como Roberto y René Lima Morales, secretarios de educación y salud, respectivamente; Carlos Bailón Valencia, secretario técnico de gobierno; Carlos Villanueva Vera, Coordinador de Información y Relaciones Públicas del Gobierno; así como su hermano Fabricio Mena Rodríguez, quien está identificado como veladamente estar detrás del manejo financiero.

El asunto es que ante una eventual derrota de Anabell Ávalos, haya posibilidades de que el siguiente gobierno morenista impulse una investigación para transparentar el ejercicio de recursos en obras magnas como la ampliación del Estadio Tlahuicole, la modernización de la carretera Apizaco- Tlaxcala, el viaducto San Pablo Apetatitlán y el Hospital General de Tlaxcala.

Es pertinente recordar que en la actual Ley local, los diputados locales tienen la obligación de aprobar la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, no obstante, el el titular del Ejecutivo local, con la reforma constitucional que al parecer está promoviendo, buscaría que los diputados actuales aprueben las presuntas irregularidades que se han hecho en su administración de casi cinco años, pero sobre todo en los últimos ocho meses de su gestión, correspondientes a este 2021, para no depender de los futuros integrantes del Congreso.