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Detectan irregularidades en el Informe General de Fiscalización 2018

La Auditoria Superior de la Ciudad de México, presentó su Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en el que destaca la realización de 194 auditorías a dependencias, entidades, órganos de gobierno y autónomos.

Se generaron 1,923 resultados de auditoria, de los cuales se identificaron 2,335 observaciones de las que derivaron 1,539 recomendaciones, asimismo, sepresentaron 47 denuncias, siendo de éstas, 19 de índole penal ante la Fiscalía General de Justicia y 28 ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.

Se detectaron anomalías por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Comisión para la Reconstrucción, al no verificar que los inmuebles beneficiados cumplieran todos los requisitos establecidos para el otorgamiento de los apoyos económicos, además de que careció de evidencia documental de la comprobación del pago por la realización de los trabajos de rehabilitación.

Dichas omisiones propiciaron un daño aproximado a los $544 millones de pesos, que corresponde al monto otorgado como apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de los 14 inmuebles seleccionados como muestra.

Por otra parte, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) pagó un anticipo adicional con el convenio modificatorio de anticipo, sin justificar y fundamentar que era necesario ampliarlo debido a una mala planeación y programación de la obra. Asimismo, la SOBSE celebró 13 convenios, que, entre otras situaciones, afectaron el período de ejecución y el presupuesto original.

Adicionalmente se pagaron cerca de $220 millones de pesos (sin IVA), por concepto de actualización de los precios de la proposición, sin acreditar el cálculo, determinación y realizado conforme al procedimiento convenido por las partes en el contrato

Con relación a la Construcción de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, la SOBSE pagó $30 millones 313 mil pesos (sin IVA) por concepto de la actualización del costo de los insumos, con un factor de 1.061056, sin acreditar la solicitud, cálculo, determinación y autorización de dicho factor.

El mismo informe destacó que la Secretaria de Desarrollo Económico realizó el pago de $1 millón 950 mil pesos por el arrendamiento de 114 locales temporales para los mercados de San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curiosidades que no entregó a los locatarios.

En la Secretaría del Medio Ambiente se detectó que no obtuvo la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para celebrar un contrato de arrendamiento; que formalizó un contrato por un importe mayor al señalado en el Dictamen de Fallo de una invitación restringida a cuando menos tres proveedores; que no acreditó la recepción de los servicios de un contrato por un monto de $953 mil pesos. No contó con la ficha de depósito que comprueba la entrega de $64,684 dólares a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y careció de la documentación comprobatoria por 3.5 miles de pesos, relativos al servicio de acompañamiento técnico.

En lo referente a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social no se acreditó la existencia de 228 tanques estacionarios por un importe de $1 millón 368 mil pesos que debían estar resguardados en el almacén del proveedor; no acreditó la entrega de 1,300 laptop y 10,018 tanques de gas por un monto de $40 millones 354 mil de pesos de la acción institucional “Intervención social inmediata CDMX”

Por su parte la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorgó ayudas económicas por $68 mil pesos a cinco beneficiarios que no cumplieron todos los requisitos para acceder al programa Seguro de Desempleo y tampoco comprobó la entrega de ayudas económicas por $28 mil pesos a tres beneficiarios del mismo programa.

 

ALCALDÍAS

 

  • En relación a las Alcaldías, Azcapotzalco no acreditó la instalación de dos unidades de bombeo por un importe de $237 mil pesos.
  • La Alcaldía Coyoacán no solicitó la devolución de $3 millones 861 mil pesos que no fueron dispersados a beneficiarios de un programa social; no acreditó que 40,000 tabletas electrónicas correspondieran a las características y especificaciones de los bienes contratados; y tampoco acreditó el cumplimiento de acceso a una acción para el desarrollo social y no contó con un medio de comprobación documental que acredite el otorgamiento de las ayudas a los beneficiarios.
  • La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no contó con evidencia documental que comprobara la subrogación de 30,500 servicios médicos especializados.
  • La Alcaldía Gustavo A. Madero no fundó, ni motivó y tampoco contó con causas justificables para declarar desierta una licitación pública nacional; asimismo, no acreditó el estudio de mercado correspondiente; y no acreditó la autorización del Titular de la Alcaldía y la justificación del área requirente para realizar cuatro adjudicaciones directas; no acreditó el destino de 72,402 despensas.
  • La Alcaldía Iztacalco no acreditó la entrega de 3,852 dotaciones de canastas básicas de una actividad de desarrollo social por un importe de cerca de $5 millones de pesos, asimismo, no contó con un padrón de beneficiarios ni con expedientes.
  • La Alcaldía Iztapalapa no contó con la autorización del titular del órgano político- administrativo para la entrega de las ayudas de una acción institucional por un Importe de $150 millones de pesos; no contó con padrones de beneficiarios, ni expedientes y tampoco acreditó la entrega de las ayudas económicas de dos acciones institucionales por la cantidad de $141 millones 362 mil pesos.
  • La Alcaldía la Magdalena Contreras no contó con la autorización del titular del órgano político-administrativo, con la constancia de no existencia en almacén y con la póliza de fianza en la formalización de tres contratos; no proporcionó evidencia documental de que haya verificado que un proveedor no se encontrara sancionado por la Contraloría General o por la Secretaría de la Función Pública; no contó con la autorización del COPLADE para un programa social y en tres programas careció de los padrones de beneficiarios y de los expedientes correspondientes.