Hace PGJ tropezar Nuevo Sistema Penal

Falta de capacitación, pruebas de valor y argumentaciones poco sólidas para mantener a una persona en prisión son algunos de los tropiezos que ha tenido la Procuraduría General de Justicia  (PGJ) de la Ciudad de México para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), Perla Gómez, durante un foro realizado por la Asamblea Legislativa del DF (ALDF).

A un año de la entrada de este sistema, se ha identificado que la falta de capacitación para jueces, fiscales y defensores públicos y privados ha derivado en audiencias que alcanzan las tres horas y media de duración, con lo que no se cumple con el principio de acortar los tiempos para resolución de casos.

“Hay rezago en las carpetas de investigación, en una de cada dos no se ha realizado ningún tipo de determinación, el Ministerio Público deja de atender su rol de investigador y fiscal, labor importante para factores que rodearon el delito, ello aunado a la falta de conocimiento de los casos”, señaló la ombudsperson capitalina conforme a los informes que ha realizado el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Si bien con la implementación de este sistema se han hecho señalamientos incluso por parte del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de que los jueces dejan en libertad a delincuentes que vuelven a reincidir, lo cual implica un aumento en los índices delictivos, el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez, ‘pintó su raya’, pues el Poder Judicial sólo aplica la ley.

“Se tienen que hacer modificaciones para evitar el fenómeno de la puerta giratoria porque los jueces resuelven conforme a lo que dice la ley, en apego a los derechos humanos y los elementos probatorios. Este sistema obliga a la capacitación de todas las partes porque si una falla, todo falla. El Tribunal no diseñó las leyes, sólo las aplica”.

Además, resaltó que las personas que cometen un delito que no está dentro del catálogo que amerita prisión preventiva, sí podrían hacerse acreedores a ésta siempre y cuando el Ministerio Público argumente que hay riesgo que se dé a la fuga o haga daño a la víctima.

Sin embargo, sí reconoció que la PGJ ha remitido a los juzgados penales menos casos, pues –en promedio– se han judicializado 5 mil 055 carpetas de investigación al año; es decir sólo 15% de las que se judicializaban en 2014, cuando aún imperaba el sistema tradicional.




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