Convocará Encinas al Pleno Constituyente

La respuesta que Alejandro Encinas presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para responder a las impugnaciones de la Constitución será sometida al Pleno de la Asamblea Constituyente, aseguró en conferencia de prensa en el Club de Periodistas.

Una vez que la Corte también reconoció a la Constituyente como autoridad demanda por las autoridades que controvirtieron el marco constitucional, el presidente de la mesa directiva de ésta afirmó que ya se avanza en la respuesta.

“Tenemos meses trabajando, hay mucho terreno andado, será un proceso público, abierto, de mucha discusión en donde no sólo involucremos a toda la Asamblea Constituyente sino a todos los actores de la sociedad civil… Hemos preparado un documento, lo propondremos a la mesa directiva y mesa de consulta (integrada por coordinadores de grupos parlamentarios), y en su oportunidad al Pleno”.

Sin embargo, no precisó con qué antelación estaría convocando al Pleno antes de que se venza el plazo fatal dado por la SCJN, que es el 3 de julio.  

Encinas aclaró que la Constituyente sólo es autoridad demandada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Presidencia de la República y el Senado, pues el recurso de reclamación que presentó para ser reconocido sólo surte efecto para las controversias constitucionales, y no así para las acciones de inconstitucionalidad, como las ingresadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y los partidos Morena y Nueva Alianza.

El también senador se pronunció porque la Corte establezca audiencias públicas para el proceso,  y resuelva antes del 2 de junio, pues de no ser así, tendría que haber una modificación al calendario electoral de la Ciudad, dado que la conformación del nuevo Congreso de la Ciudad es una de las partes impugnadas.

Además, dejó entrever que le causará regocijo el que ésta resuelva a su favor, pues en la redacción del marco constitucional local siempre se cuidó que no contradijera a la carta magna federal.

“(Habrá un costo político) para el Procurador. Ha presentado un documento con inconsistencia jurídica que no respondería a lo que es el abogado de la nación, aparte de desconocimiento, dolo y mala fe hay valoraciones de carácter ideológico que no debe llevar un documento elaborado la Procuraduría, el costo lo pagará el Ejecutivo al momento de que se demuestre nuestro apego a la Constitución”.




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