Agita PRD a comuneros del Ajusco: Sheinbaum

La delegación Tlalpan denunció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la retención de seis trabajadores de obra por habitantes de los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, presuntamente orquestada por un perredista el pasado jueves, informó su titular Claudia Sheinbaum.

La noche del jueves, personas opositoras a la obra para mejorar el abastecimiento de agua en la zona privaron de la libertad a los trabajadores, por lo que se pidió la intervención de las secretarías de Gobierno y Seguridad; hasta la 1:00 de la madrugada de este viernes elementos de la Policía liberaron a los trabajadores, y consignaron a cinco personas ante la PGJ.

De acuerdo con Sheinbaum, pese a que a los pobladores se les informó de la obra, y la mayoría de los comuneros la aprobaron casi por unanimidad, el PRD está detrás de que las acciones de los opositores, quienes previamente habían evitado que se trabajara en la obra.

“Tenemos conocimiento que el diputado Carlos Hernández Mirón ha estado vinculado con este grupo que ha estado evitando que se desarrollen las obras.

“Ayer me comuniqué con el subsecretario de Gobierno (Guillermo Orozco), le pedí que hablaran con el diputado, que estamos dispuestos a sentarnos a platicar, pero que era importante que los asuntos político electorales se resolvieran de otra manera  y no evitando que se haga obra pública”.

La morenista acotó que se buscará una mesa de trabajo con Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, para que también asistan los comuneros.

Sheinbaum explicó que la obra, iniciada en febrero, consiste en desenmarañar la “teleraña” en la que se convirtió la red de agua potable que proviene de manantiales, pues los habitantes se conectaron a su manera.

“La construcción es un tanque de almacenamiento de mil metros cúbicos, el tanque anterior data de hace 58 años, la verificación de seis tanques, la conducción de una línea principal y  mejoramiento de redes secundarias.

Se prevé beneficiar a 30 mil habitantes de la zona, algunos de los cuales pasaban hasta un mes sin agua.

La denuncia ante la PGJ no sólo fue interpuesta por la autoridad delegacional sino también por la empresa que ejecuta la obra; los posibles delitos señalados son privación de la libertad y afectación a bienes de obra pública.




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