Mosaico Urbano

Advierte el IEDF riesgos en cambio legal para el Presupuesto Participativo

Mario Velázquez

Las modificaciones legales, que no entrarán en vigor para la consulta de noviembre, podrían desalentar al ciudadano para impulsar proyectos que mejoren su comunidad, para los que hay una bolsa de más de 800 mdp; llama a atender el foco amarillo que representa el voto nulo en elecciones

Mario Velázquez1

Juanita atiende un puesto de comida corrida en el mercado El Chorrito, en San Miguel Chapultepec, y no tiene la menor idea de que ella y sus vecinos pueden presentar un proyecto que mejore las condiciones de su colonia, y que para ello hay una bolsa de más de 800 millones de pesos etiquetados en el presupuesto del próximo año.

Como Juanita, más de 70 por ciento de los habitantes de esta ciudad desconoce ese derecho, la posibilidad de decidir en qué se deben usar esos recursos, cuáles son las carencias que podrían revertirse y participar así, de manera directa, en las decisiones de gobierno.

La cantidad de habitantes que ignora ese derecho inquieta a Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y responsable de organizar la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo. Por ello  comenta que se han acercado a grupos de mujeres y de jóvenes para difundir la posibilidad de diseñar proyectos que beneficien a sus comunidades y reciban financiamiento público.

Son las 11:30 de la mañana y los cerca de 200 empleados que laboran en la sede del Instituto, al sur de la ciudad, vuelven poco a poco a sus actividades luego de un simulacro de sismo que, en completo orden y disciplina, llevaron a cabo en vísperas del aniversario número 30 de la catástrofe de 1985. En su oficina, el consejero presidente concede entrevista a Sede-Mx y perfila sus metas en la organización de la consulta de noviembre próximo.

“Nuestra perspectiva en cuanto a participación de proyectos es muy amplia, nos hemos acercado a sectores específicos de la población, particularmente al ámbito juvenil, al ámbito de las mujeres, para que conozcan este derecho y desde luego propongan proyectos que desde su perspectiva tengan como elemento sustancial el mejoramiento de las condiciones de vida en cada una de las colonias. Nuestra particular meta es rebasar el 2.64 por ciento de participación en la consulta anterior y alcanzar por lo menos un equivalente al 100 por ciento de eso y en este caso alcanzar un 5 por ciento.”

El funcionario electoral precisa que si bien tienen una medición de la participación por colonia, ésta no es una constante. Pareciera que el proyecto es lo que de alguna manera hace que la participación sea muy alta. Por ejemplo –explica– en Milpa Alta ha habido participaciones importantes derivado de que los proyectos han sido muy efectivos y efectistas hacia mejorar las condiciones de vida. En un ejercicio posterior el proyecto registrado no tuvo una participación por lo menos igual que el ejercicio anterior.

Velázquez señala que han realizado talleres con los grupos que tienen identificados como de amplia participación para que ellos realicen un ejercicio de propuesta de proyectos y a partir de ahí se vayan multiplicando las iniciativas. “Hoy mismo estamos en pláticas con el DIF para que los niños talento también hagan propuestas sobre lo que consideren para la aplicación de los recursos del presupuesto participativo”.

El presidente del instituto explica el procedimiento para el registro de los proyectos. A cada colonia le corresponde un monto que puede ir desde poco más de 300 mil pesos y hasta dos millones de pesos, de tal suerte que el proyecto debe considerar los topes económicos; es decir, el proyecto no debe implicar un monto mayor al considerado para esa colonia; además debe considerar la viabilidad técnica (equipamiento urbano, por ejemplo).

Los proyectos son remitidos a las jefaturas delegacionales para que se revise la viabilidad técnica y financiera, se emite un dictamen de los proyectos que cumplen con los requisitos y se considera hasta 10 proyectos por colonia. Si son más, el comité ciudadano decide cuáles deberán considerarse, pero no pueden ir más de 10 en la boleta, por colonia.

LOS CONTRAS DE LOS AJUSTES A LA LEY

Para la consulta que está en puerta se trabajará con la Ley de Participación Ciudadana vigente, pues la nueva Ley de Presupuesto Participativo, aprobada por la Asamblea Legislativa, no ha sido promulgada y se encuentra en observación por parte del Ejecutivo.

Este atorón es algo en cierto modo positivo desde el punto de vista de Mario Velázquez, toda vez que las modificaciones legales hechas por los diputados burocratizan el proceso y existe el riesgo de desalentar a los ciudadanos para la elaboración de proyectos.

El Instituto ha hecho consideraciones “en el sentido de que la organización de la consulta misma debe estar en el IEDF, y si bien hay aspectos que deben de ser conocidos por la delegación, en concreto el dictamen técnico que es fundamental, sí debemos evitar que terceros pudieran interferir en la definición de los proyectos.

“La participación de algunos otros órganos que pudieran emitir opinión (respecto de la viabilidad de los proyectos) hace que la ciudadanía pudiera desalentarse en la presentación de proyectos. Si hoy mismo tenemos esta circunstancia de que un ciudadano que desea presentar un proyecto tiene que enfrentar una serie de aspectos técnicos para hacer su propuesta, llevarlos hacia una revisión de otros órganos o mecanismos e incluso la participación de la propia Asamblea Legislativa y los consejos delegacionales, puede implicar que esto se burocratice de mayor manera y desalentar la participación ciudadana.

“Pudiera implicar un desincentivo el que no sean los propios ciudadanos quienes determinen qué proyectos deben ser sometidos a consideración de los vecinos”,

insiste Velázquez, y pone énfasis en que el ciudadano pudiera sentir que ya no es un proyecto en el cual él tenga una participación directa tanto en la presentación como en la promoción del mismo.

Habla también de ajustes a futuro que deberían considerarse, por ejemplo la verificación de los proyectos que sean aprobados por la ciudadanía, “ahí sí debe hacerse una adecuación a la legislación para dar atribuciones al IEDF a efecto de verificar que los proyectos sean cumplidos (…) hoy tenemos la colaboración del InfoDF, que es el que tiene la información de la ejecución de los proyectos, pero sí debemos tener mayores facultados en el Instituto para verificar, hoy sólo tenemos la facultad de organizar la consulta” y ahí hay un riesgo de incumplimiento y el Instituto puede enfrentar el rechazo de la ciudadanía cuando los proyectos no sean ejecutados, advierte Velázquez.

Otra modificación hecha a la ley aún no promulgada que Velázquez toma con reservas es el que la distribución de los recursos (3% del presupuesto, en esta ocasión cerca de 824 millones de pesos) ya no será por partes iguales entre colonias y barrios tradicionales sino en función de la densidad poblacional. Para el titular del IEDF, esa medida no necesariamente es benéfica, pues hay colonias con densidad poblacional menor que pueden tener necesidades mayores de mejora de condiciones, y por el hecho de ser menos habitantes no alcanzarán un presupuesto suficiente para el proyecto que necesiten.

EL IEDF, ASESOR EN LA “CONSULTA” SOBRE EL CORREDOR CHAPULTEPEC

Rumbo a la construcción del polémico proyecto del Corredor Cultural Chapultepec se está organizando un “Ejercicio Cívico de Participación Ciudadana para el Enriquecimiento del Proyecto” para el 26 de septiembre, y los resultados se darán a conocer el 28 de septiembre en la página www.procdmx.gob.mx/ccc.

Para este “ejercicio”, que en los hechos es una consulta, se cuenta con la asesoría del IEDF. ¿En qué consiste concretamente esta orientación? ¿Por qué no se hace cargo de lleno el Instituto de la consulta?

“Una consulta organizada por el IEDF tiene que estar sustentada en las disposiciones de la Ley de participación ciudadana, entre otros requisitos –responde Mario Velázquez–, por ejemplo, que la convocatoria a una consulta de esta naturaleza se tenga que hacer con cierta anticipación, que puede oscilar entre los 75 días para llevar a cabo el proceso; el otro requisito fundamental es quién tiene la legitimidad para convocar a una consulta, y entre ellos está el jefe de gobierno y los jefes delegacionales.

“Nosotros tendríamos que tener una solicitud del Ejecutivo o del jefe delegacional en los plazos y términos que establece la ley. En el caso concreto del corredor Chapultepec nosotros fuimos requeridos para brindar asesoría, les ofrecimos apoyo en dos vertientes:

 

la primera asesoría en cuanto a la logística de lo que significa una consulta ciudadana, en ese sentido se les propuso una serie de instrumentos, como documentos tipo acta de jornada de consulta, una papeleta en la que planteen las preguntas (…) qué capacitación deben tener las personas que van a recibir las opiniones ciudadanas, etc…”

El titular del IEDF admite que toda esta asesoría la está dando “por buena onda”, pues no tienen elementos legales para tener una acción directa en ese ejercicio de consulta. Por ello, reconoce que no pueden emitir una valoración del contenido de las preguntas, es decir si son inducidas o viables, y sólo han recomendado que se acerquen a casas encuestadoras para que valoren el sentido de las preguntas. Si habrá eco de esta recomendación ya es asunto que escapa al alcance del instituto, amén de que es ya sabido que en la consulta no se estará planteando si los colonos quieren o no este proyecto pues la construcción es un hecho.

HAY QUE HACER ALGO ANTE EL VOTO NULO

Si bien el porcentaje de participación ciudadana en el pasado proceso electoral fue alto, el mayor desde 2003, Mario Velázquez reconoce que es importante también el porcentaje de voto nulo que se dio en la ciudad de México, que oscila entre el 6.8% “¿Cuál es la razón? En una primera situación podemos revisar que en el Distrito Federal surgió esa campaña que llamaba a la anulación del voto, el DF fue el origen de esta campaña, luego hubo muchas voces que se levantaron en esa circunstancia para efecto de llamar a la anulación del voto en la casilla”, admite.

Precisa que habrá todavía que revisar cuáles de esos votos nulos tienen intencionalidad realmente de anular y cuáles fueron emitidos de manera errónea, “sí los niveles son muy superiores a lo que la media nacional tiene y eso significa en mi opinión que el ciudadano del Distrito Federal sí quiere que al voto nulo se le dé un efecto; hoy día no lo tiene, hoy día los efectos jurídicos que tienen un voto nulo es descartarlos del cómputo final y desde luego no tienen un efecto que jurídicamente o en el ámbito electoral tenga eficacia.

Pero me parece que el nivel de votos que se ha emitido en la urna con ésta característica tiene un efecto que desde luego en lo político y en lo jurídico debería tener una consecuencia”.

CASO XÓCHITL, MOTIVO PARA REVISAR LA LEY

Durante el proceso preelectoral, Mario Velázquez dio su voto para que el instituto negara el registro de la candidatura a Xóchitl Gálvez para jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Hoy la hidalguense está a unos días de asumir el cargo luego de haber obtenido la victoria en las urnas tras ganar el recurso de impugnación en el Tribunal Electoral federal.

–¿Siguen pensando que Gálvez no debió ser nunca candidata? –se le pregunta a Mario Velázquez.

–El ejercicio de un derecho implica la obligación que con lleva el propio ejercicio de ese derecho, y en esa circunstancia en el caso concreto de la ciudadana Xóchitl Gálvez, ella estaba solicitando el ejercicio del derecho a ser votada en el Distrito Federal cuando no podía ejercer el derecho a votar (…) Un ciudadano que hoy tiene su credencial para votar en el Distrito Federal, no puede acudir a otra entidad de la República a postularse como un candidato a esa entidad. Si la legislación hoy día nos impone ese requisito, nosotros teníamos que hacer exigible dicho requisito.

Velázquez hace ver que en esta ocasión la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace una interpretación en el sentido de que se genera un doble requisito de domiciliación, esto es que si tenía su domicilio en residencia particular de más de tres años en el DF, no podía exigírsele otra vez, el que acreditara su domicilio.

Sin embargo, recuerda que en 2012 el mismo tribunal había avalado la constitucionalidad de ese requisito, por lo que es necesario “modificar el código, para no hacer exigible ese requisito en otra oportunidad; legislar para dejar con claridad esta determinación sobre la que ha vertido su opinión la sala superior”.